Por Ariela Agosin, socia de nuestro grupo de Litigio Civil y Arbitraje.
Sin perjuicio de los múltiples factores que pueden incidir en las falencias de nuestro sistema judicial en general, en materia civil ha existido una sensación generalizada -especialmente con posterioridad al inicio de la pandemia-, de retardos graves en la administración y tramitación de juicios, que hoy se substancian ante tribunales civiles.
Ante este escenario, la inteligencia artificial se vuelve, más que nunca, una oportunidad. Tanto es así que en otros países ya se ha comenzado a avanzar en este sentido. Por ejemplo, en Canadá, desde el año 2012 se ha instaurado un sistema de resolución de pequeños juicios de carácter civil, a través del software MODRIA, inicialmente creado para canalizar y resolver los reclamos de los usuarios de las plataformas EBAY y Paypal, y el cual fue posteriormente adaptado para poder resolver procedimientos judiciales de baja cuantía.
Otra experiencia es la del Condado de Yolo, California, Estados Unidos, donde se ha establecido un sistema que automatiza los procedimientos de negociación prejudicial, a fin de disminuir la cantidad de conflictos que terminan finalmente judicializados, y en donde la IA toma un rol mediador clave, contando las partes siempre con la posibilidad de solicitar la intervención de un profesional del tribunal. China también ha avanzado y desde 2017 se han ido implementando tribunales inteligentes en distintas ciudades. En ellos, la IA entrega asistencia en el procesamiento de documentos, detecta problemas jurídicos e, incluso, sugiere dictámenes y sentencias.
En suma, podemos ver cómo la experiencia comparada nos enseña que la implementación de IA en procedimientos civiles puede contribuir a una administración más eficaz y eficiente de la justicia.
Ahora bien, ¿Cómo avanzar en Chile? De acuerdo con estadísticas del Poder Judicial, actualmente casi el 70% de las causas civiles ingresadas corresponden a juicios ejecutivos, de los cuales la mayoría corresponde a cobros de pagaré iniciados, principalmente, por entidades bancarias. Ante esto, la implementación de una tramitación automatizada de juicios ejecutivos podría ser una herramienta que nos permitiría descongestionar, al menos en parte, nuestros tribunales de justicia, liberando recursos humanos para que puedan dedicarse a la resolución de otros juicios de lato conocimiento que requieran un mayor grado de reflexión y tiempo de estudio.
En este sentido, resulta razonable iniciar un período experimental de IA en la tramitación de procedimientos ejecutivos simples, o en aquellos en los que, por ejemplo, no se opongan formalmente excepciones. Así y en caso de ser exitoso, esto permitiría que los recursos humanos efectivos se destinen al otro 30% de juicios que componen nuestro sistema judicial civil, y que, al menos por ahora, requieren de una necesaria intervención humana difícil de suplir. De esa forma, se estaría contribuyendo a una adecuada administración de justicia y celeridad en la tramitación de juicios.
Sin embargo, si bien la IA puede constituir un elemento esencial para contribuir en forma eficaz a la resolución de ciertos conflictos, por sí sola puede resultar impracticable e, incluso, peligrosa en algunos casos. Es por esto que, en abril de este año, la Cámara de Diputadas y Diputados ingresó el Proyecto de Ley de Sistema de Inteligencia Artificial, mediante la cual, además de establecer ciertas causales de IA que podrán ser consideradas de “Alto Riesgo” -como podría ser el caso de la implementación de IA en el proceso civil-, crea la “Comisión Nacional de Inteligencia Artificial”. Esta iniciativa permitirá tener un control permanente en la implementación y desarrollo de esta tecnología en nuestro país.
Este es un primer e importante paso para comenzar a aplicar el uso de la inteligencia artificial en nuestro sistema judicial, de forma regulada. La IA ya es una realidad y debemos avanzar en su aplicación, con un fuerte foco en usar estas herramientas en colaboración con el talento humano. De esa forma, podremos capturar todo el valor que ofrece a la administración de justicia en nuestro país.
